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El Grupo Inmatriculaciones Asturies acusa al Gobierno de ocultar información y a los partidos PSOE – Podemos de incumplir su programa electoral

  • 14 diciembre, 2020

El Grupo Inmatriculaciones Asturies, Asturies Laica y Andecha Astur vienen exigiendo al Gobierno, desde hace años, que aporte la relación completa y detallada de los bienes inmatriculados en los Registros de la Propiedad, mediante una simple certificación eclesiástica, por la iglesia católica, bienes que incluyen -hasta donde se sabe- la práctica totalidad del prerrománico asturiano, además de otros muchos inmuebles propiedad del pueblo que la iglesia se apropió indebidamente, superándose el mediu millar
El Ministerio de Justicia español dispone, desde el 6 de febrero de 2018, de una relación de 34.984 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 en todo el estado, mediante este procedimiento cuya constitucionalidad ha sido cuestionada incluso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cantidad puede ser solo la punta visible del un iceberg, ya que las inmatriculaciones se iniciaron en el 1945.
El Consejo de transparencia y Buen Gobierno ha instado al Ministerio de Justicia a hacer pública esta información, pero este ha optado por recurrir la resolución y no facilitar la información de la que dispone, utilizando argumento falaces como que la información está pendiente de elaborar, cuando lo que se solicita es la información ya existente o retrasos debidos a la situación sanitaria, cuando se trata de enviar unos correos electrónicos, lo que evidencia la intención por parte del gobierno de seguir haciéndole el juego a la iglesia y ocultando datos a los ciudadanos.

Por otra parte,  esto conlleva un incumplimiento explícito de los Programas Electorales de los partidos que conforman el gobierno actual, el Programa Gobierno de coalición PSOE – UNIDAS/PODEMOS y las propias palabras pronunciadas por el presidente Pedro Sánchez en su sesión de investidura.
El PSOE, en el apartado 2.3.1. de su programa electoral, establece la «recuperación de bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia».
PODEMOS, en el apartado 137 de su programa electoral, establece «Recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros(…) La salud democrática de nuestro país exige que esto se revise a fondo».
El Programa del Gobierno de coalición PSOE – UNIDAS/PODEMOS (30-12-2019), en el apartado 5.11., establece «Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros».
Y, por último, el actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su Discurso Investidura (04-01-2020), nos decía «Señorías, en un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad y por esa razón el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas -ya les anuncio- para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido in matriculados indebidamente por la Iglesia».
Por ello, en aras de la transparencia que debe guiar toda sociedad democrática, el Grupo Inmatriculaciones Asturies reclama que se retire de inmediato el recurso presentado por el Ministerio de Justicia contra la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y se traslade la información disponible (1998-2015) a todos los grupos parlamentarios y a aquellas entidades patrimonialistas que así lo hayan solicitado
completándose además esta información recabando, por el mecanismo que se considere oportuno, las inmatriculaciones que faltan: las realizadas por la iglesia entre 1946 y 1998.
En todo caso, hay que partir de que todas las inscripciones realizadas con posterioridad a 1978 han de considerarse nulas de pleno derecho por utilizar un mecanismo (auto-certificación eclesiástica) que supone una actuación inconstitucional sobrevenida, ya criticado por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

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