Tras cinco años largos luchando por la remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio, con continuas movilizaciones por parte de las trabajadoras afectadas, el Ayuntamiento de Xixón volvió a aprobar este año, con los votos a favor PSOE e IU que forman el Gobierno municipal y sin contar para nada con las empleadas, unos nuevos pliegos de condiciones para sacar nuevamente a concurso el servicio, es decir, mantenerlo privatizado. Las implicadas piden a la ciudadanía que las apoyen con cartas al ayuntamiento o firmando telemáticamente una resolución de protesta
Hoy, 25 de noviembre, día marcado en el calendario como de lucha contra la violencia ejercida sobre mujeres, es buen momento para recordar que la precarización laboral también es una forma de violencia. Durante 30 años, y con mayor implicación este último, las trabajadoras del SAD, un 98% mujeres, han cuidado a una población vulnerable, siendo esta labor el camino que muchas han encontrado para salirse del ámbito de los cuidados familiares, buscando una salida laboral que les permite obtener sus propios ingresos. Sin embargo, se da en su sector una doble discriminación: hacia ellas, por ser mujeres y por tanto precarizables y por otro, hacia las personas dependientes.
Mujeres y dependientes, dos colectivos habitualmente ninguneados por una sociedad que, aún hoy, asume que no serán capaces de defenderse de los abusos. Las cuidadoras del SAD han demostrado que este no es su caso y han desarrollado una lucha ejemplar en defensa de la remunicipalización del servicio, «la única manera de mejorar la calidad del mismo y atajar la sangrante precariedad y el maltrato que sufren por parte de las empresas privadas que hacen de nuestros derechos un gran negocio».
En este caso se une a ello la corrupción endémica de este país: el propietario de la empresa Aralia, a quien el Ayuntamiento ha contratado para esta labor, es Jose Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel, Enredadera y Púnica, además de estar al cargo de 16.000 ancianos en las residencias geriátricas con mayor número de denuncias por suciedad, desatención, falta de personal y mala gestión de la pandemia, al no comunicar las incidencias con el COVID.
Las empleadas esperaban que el fin del contrato con Aralia – denunciada por incumplimiento sistemático del convenio, retrasos en los pagos a las trabajadoras, falta de material de protección sanitario frente al COVID y los consiguientes contagios entre trabajadoras y usuarios- llevara directamente a la demandada remunicipalización. Lejos de ello, el Ayuntamiento ha publicado los pliegos con las condiciones para la nueva contratación, con condiciones aún peores que los anteriores.
La división de la ciudad en tres lotes arbitrarios, agrupando barrios lejanos entre sí, obligará a las trabajadoras a realizar largos desplazamientos entre un servicio y otro y permitirá que sean hasta tres las empresas adjudicatarias, fragmentando lo que hasta ahora era una plantilla compacta y unida. Para ellas, lo que se pretende con esta división es debilitar su capacidad organizativa y de defensa. Además se eliminan avances conseguidos, como el descanso de 30 minutos en jornadas de 6 o más horas, se suprime la obligatoriedad de pago de los pluses existentes por poner el coche a disposición de la empresa, los de fin de semana o la paga de calidad semestral. No se recogen tampoco en los pliegos las demandas de reconocimiento de las enfermedades profesionales específicas, el reconocimiento de los domicilios como lugar de trabajo con la consiguiente evaluación de prevención de riesgos laborales ni la reducción de la edad de jubilación.
Para las trabajadoras, es inadmisible que un ayuntamiento que se dice de izquierdas, al frente del cual está una mujer, la supuestamente feminista y socialista Ana González, mantenga, la explotación laboral y el maltrato institucional sobre las trabajadoras del SAD y sobre los beneficiarios del servicio. «Un ayuntamiento de izquierdas haciendo políticas de derechas, eso es lo que significa mantener privatizado el SAD, convertir el feminismo en una pose de cara a la galería que entra en total contradicción con los hechos», denuncian.
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