El presupuesto destinado a nóminas parlamentarias -1’69 millones en el 2004 y 2’63 en el 2020- y a los partidos -1’34 en el 2004 y 3 en el 2020- casi se duplicó en los últimos 16 años
Este año está prevista la devolución de sus derechos, recortados con la disculpa de la anterior crisis y aún no devueltos a los funcionarios dependientes de la administración pública asturiana, incluyendo sanitarios, docentes, encargados de limpieza, trabajadores en la justicia, asesores parlamentarios y demás.
Ello implica un incremento de 103 millones en el presupuesto, algo que el Gobierno del “Principado” considera difícilmente sostenible, por lo que llevamos unos meses oyendo hablar a Adrián Barbón y su ejecutivo de la necesidad de “controlar gastos del funcionariado”. En cambio, en los últimos años el coste de las plantillas ha crecido un 67% mientras los costes políticos –incluyendo diputados y asignaciones a los grupos de la junta- se han incrementado un 84 %, ello es, un 17% más que el coste de los empleados, sin que se plantee aminorar estos últimos.
De hecho, la iniciativa de bajar los sueldos a los diputados y las asignaciones a los grupos parlamentarios planteada con motivo de la pandemia no prosperó, siendo apoyada solo por los dos grupos parlamentarios teóricamente antagónicos, Podemos y Vox, que han coincidido en esta cuestión.
Nuria Prendes
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