Del análisis hecho sobre los datos demográficos y las estadísticas industriales o empresariales se desprende que los recursos aplicados en el plan de desarrollo para las comarcas mineras no han tenido impacto en la creación efectiva de empleo ni en la fijación de la población en las zonas afectadas

1.780 millones de euros, correspondientes a las ayudas a la reactivación de las cuencas mineras en el periodo 2006 y 2017, no han tenido un seguimiento efectivo, según el informe presentado por el Tribunal de Cuentas, que cuestiona la labor del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la gestión de las ayudas a la reactivación de estas zonas. Por otra parte, tampoco el gobierno del “Principado” ha efectuado los estudios de seguimiento previstos en los Planes del Carbón. Sin embargo, el T.C. no presentará cargos por estas irregularidades, sino que se conforma con recomendar “una mejoría en su administración”.

De los 1.780 millones, menos de la mitad, 681, han correspondido a proyectos empresariales que deberían haber creado empleo en la zona, arreglando el daño de los cierres mineros y mitigando la sangría demográfica. Estas subvenciones – que se disminuyeron significativamente desde 2014- presentan un alto porcentaje de desistimientos, no están debidamente justificadas ni se ha realizado un seguimiento de la ejecución de los proyectos subvencionados. Se han advertido indicios de malversación, como la contratación de prestaciones con personas vinculadas con el receptor de la subvención, de las que nunca se ha verificado su realización. De hecho, en las cuencas se ha perdido empleo y no se han generado los puestos de trabajo esperables de estas inversiones, pero el dinero “ha desaparecido”.

Los 1.005 millones de euros restantes han ido a parar a infraestructuras que debían mejorar el nivel de vida en las cuencas, pero que en muchos casos ni siquiera han llegado a hacerse, dándose el caso de que varias de las subvenciones concedidas con cargo a esta línea han sido objeto de procesos judiciales penales. No ha habido examen de viabilidad previo ni han estado claros los criterios de prioridad a la hora de escoger proyectos, ni se han justificado a posteriori las subvenciones concedidas.

Otro geriátrico aparece aquí, trayendo a la memoria el desfalco de Felechosa: el Centro de Día y Residencia de Viejos en La Robla, aún en fase de construción al cierre de la fiscalización y sin fecha de puesta en marcha, un proyecto redactado en noviembre de 2005 que contemplaba un coste estimado de 2.855.936 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

En lo que respecta al grado de consecución de los objetivos de las ayudas para reactivación económica, el informe concluye que “no se han dispuesto objetivos e indicadores adecuados y concretos que permitieran efectuar un seguimiento y valorar la consecución de las metas de los mismas y su impacto” pero de hecho, no se constata una recuperación demográfica, laboral ni económica de las zonas implicadas.

En síntesis, los cerca de dos mil millones de euros han sido repartidos entre las conocidas redes clientelares del PSOE – FSA, sin que el resto de partidos en el gobierno denunciara la situación ni tomara medidas, y catorce años después la situación no solo no se ha revertido, sino que la crisis demográfica y económica de las zonas mineras se agrava mes a mes.

Nuria Prendes

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