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Andecha Astur lleva el informe de la Sindicatura de Cuentas a la Fiscalía por posible malversación de fondos

  • 4 febrero, 2020

Ven un posible delito continuado de malversación en los gobiernos de Areces, Fernández y Barbón

Definen la no tramitación legal y correcta fiscalización de contratos y subvenciones como el “caso ERE” del PSOE en Asturies y en consecuencia, Andecha Astur exije la dimisión de Adrián Barbón, como cabecilla del último gobierno responsable de estos hechos, el cese de todos los responsables políticos implicados en esta trama y el retorno inmediato de los millones de euros gastados en contratos y subvenciones en condiciones de malversación. “Sólo así Asturies podrá empezar a aspirar a tener un régimen de gobierno digno y democrático”

Hace poco más de un mes la Sindicatura de Cuentas de Asturies ha presentado un informe definitivo de fiscalizacación sobre el estado de la Cuenta General de Asturiae de 2018. En el informe se resalta más la cantidad de cuestiones contables gestionadas adecuadamente que la gravedad (y tampocu en un son pocas) de los hechos contables, administrativos o políticos que la Sindicatura califica dulcemente como incorrecciones, irregularidades o incumplimientos, cuando, tratándose de cuestiones de obligado cumplimiento reguladas por las leyes, debería calificar estos hechos de posibles delitos.

Todos esos posibles delitos acaba presentarlos Andecha Astur ante la Fiscalía General para que proceda a investigar la calificación penal que proceda.

En la denuncia, Andecha aporta un amplio listado de hechos recogidos por la Sindicatura que son costituyentes de delito y ocurridos durante el gobierno de Adrián Barbón. Estos incluyen la obstáculación al acceso informático en tiempo real al ejercicio fiscalizado, así como la cuantificación de la totalidad de desviaciones de financiación (positivas y negativas). Falta una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada y la memoria de la Administración de Asturies no se adapta a lo exigido por la normativa de contabilidad pública.
Además, los ingresos contables de este ejercicio incluyen 166 millones pendientes de cobro de fondos mineros, ya contabilizados en años anteriores.
No ha sido posible verificar el valor legal de dos expedientes de modificaciones de credito, por valor de 30’6 millones €, ni la existencia de un acuerdo legal entre el Comité de empresa y el servicio de Explotación y Conservación Carreteras por el sistema rotatorio en la realización de horas estraordinarias.
Cogersa, incumpliendo la ley, en un ha facilitado a tiempo la información exigida a los entes consorciaos, pero no ha sido la única entidad dependiente del “Principado” en incumlir la ley: un tercio de las entidades obligadas no han informado sobre los contratos hechos en el ejercicio.

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, CADASA, COGERSA SAU, IAPRL, SEPEPE y SESPA, además, no han facilitado la relación de contratos menores (lo que en el caso del SESPA representa una cantidad enorme), incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público.

En la casi totalidad de los contratos analizados la Administración no realiza un seguimiento de la ejecución del contrato, renunciando a controlar la calidad del servicio o materiales contratados, así como el cumplimiento de las obligaciones del contratista y las posibles responsabilidades penales derivadas.
Los planes estratégicos de subvenciones de tres consejerías (Hacienda y Sector Público; Desarollo Rural y Recursos Naturales; Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) no incluyen las subvenciones nominativas concedidas en 2018, lo cual puede dar por nulas esas subvenciones y obligar a los beneficiarios a devolver las cantidades recibidas, según sentencias del Tribunal Supremo.
Las subvenciones nominativas incluidas en los presupuestos de 2017 volvieron a darse en el año 2018, de modo irregular, por el solo hecho de prorrogar presupuestos.
El inventario de la Administración incluye objetos por más de 800 millones € que no se corresponden con ninguna tipificación de la Ley de Patrimonio, por lo que deberían excluirse o clasificarse de modo legal.
Los consorcios adscritos a la Administración asturiana no se incluyen en los presupestos prorrogados ni en la Cuenta General de 2018, inclumpliendo la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Se incumplió  la legisllación del Régimen Económico y Presupuestario, al no prepararse una nueva ley en 2018 que determinara el destino y características del endeudamiento posible, por valor de 550 millones €.
El 50% las Consejerías del Gobierno no hace informes de cumplimiento de las subvenciones nominativas desde el año 2016. No sólo incumple así la ley, sino que muestra un descontrol interno total.
La Consejería de Sanidad otorga nominativamente el 69’94% de las subvenciones, cuando la concesión directa debe ser legalmente una excepción y lo normal debería ser la concurrencia competitiva a las subvenciones.
Para acabar, el informe de la Sindicatura Cuentas deja claroo que, en esta situación, no le ha resultado posible hacer una fiscalización operativa de la situación contable correspondiente al ejercicio 2018.
Por todo ello, Andecha Astur acaba presentar este informe a la Fiscalía Superior de Asturies, pidiendo que abra diligencias para aclarar posibles responsabilidades civiles y penales que se puedan derivar de los hechos denunciados.
Andecha Astur denuncia también que ve un posible delito continuado de malversación en la gestión económica que han hecho los sucesivos gobiernos del PSOE, presididos sucesivamente por Areces, Fernández y Barbón.

Recuerdan también que uno de los pincipales objetivos políticos de este tiempo es alcanzar una administración pública asturiana democrática y ejemplar, como quieren los trabajadores de la misma “Un objetivo que siempre ha venido viciando el comportamiento mafioso que en el poder han mantenido los diversos gobiernos del PSOE apoyados por otros partidos españoles-” como evidencia la sentencia del Tribunal Supremo, de Septiembre de 2019, bajo el caso Riopedre-PSOE, donde se señala la existencia de corrupción de la objetividad y la imparcialidad en la adjudicación de los contratos de suministros y obra de la Administración Pública (delitos de cohecho, falsedad y prevaricación), sentencia que “Permite valorar el grave déficit democrático de la Administración asturiana”.

Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

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