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Andecha Astur denuncia a UGT ante la Oficina Europea Contra el Fraude

  • 7 diciembre, 2019

Solicitarán que el organismo europeo estudie el caso y que se suspenda cautelarmente cualquier subvención al sindicato mientras no se aclaren las acusaciones.

La UCO de la Guardia Civil ha estimado en más de 1’35 millones de euros el fraude cometido entre los años 2010 y 2014, aunque según la Intervención General de la Administración del Estado la cifra final puede ser mucho mayor

Después de la detención en 2015 del secretario general del sindicato, Justo Rodríguez Braga, junto a otros 5 representantes del mismo, y el registro de la sede sindical, se abrieron en el Juzgado 4 de Uviéu diligencias contra la UGT, viéndose obligada la Junta General a abrir una Comisión de Investigación en el 2017, dando como resultado una “Propuesta de dictamen” que han decidido, con los votos del PSOE,PP, IU y Ciudadanos, no convertir en documento oficial, restando así fuerza al asunto.

Esa propuesta fija explicitamente la existencia de indicios de un posible desvio de fondos destinados a la formación para el empleo, apuntando a la UGT como centro de un entramado de empresas pantalla y fundaciones con las que elevar la facturación y evitar controles, perjudicando con ello al erario público. Este informe denuncia también la existencia de prácticas fraudulentas y desvio
sistemático de fondos, apropiándose ilegalmente de las subvenciones europeas recibidas para formación para el empleo.

Una delegación asturiana viajará a Bruselas mañana para presentar ante la OLAF el caso del desvio de fondos de los cursillos de formación a la UGT. Lo harán a través del grupo europarlamentario “Ahora Repúblicas”, coalición a la  que pertenece Andecha Astur. Con esta denuncia  Andecha Astur pretende que la OLAF investigue este presunto delito sin las injerencias de los partidos españoles, a los que acusan de parecer “un sindicato el crimen, por taparse mutuamente los delitos”. El informe que los partidos españoles se negaron a aprebar en la Junta General señalaba las responsabilidades políticas de tres expresidentes (Javier Fernández, Álvarez Cascos y Álvarez Areces), el segundo de ellos acusado ahora también de cobros indebidos en su partido, y el tercero implicado en la sentencia condenatoria del caso Riopedre.
Dado la gravedad del caso, pedirán también que se suspenda cautelarmente cualisquier subvención al sindicato español UGT.

Nuria Prendes

Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

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