Este año España ha sido condenada ocho veces por vulnerar los Derechos Humanos

Este año el TEDH, la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales del Consejo de Europa ha vuelto a condenar a España por no respetar estos derechos y libertades, recibiendo además una llamada de atención por parte de Rights International Spain por la especial reincidencia de este país, que es condenado año tras año por los mismos delitos «Los casos descritos parecen señalar que España muestra cierto nivel de reticencia en cuanto a la realización efectiva de algunos derechos relacionados con la disidencia política», critica Rights International Spain en su balance anual.

El caso de Otegi, la quema de fotos del rey y las torturas a presos de ETA han sido algunas de las condenas que ha recibido España este año por parte del TEDH. Pero el suspenso de España en Derechos Humanos va más allá. Expertos internacionales en la materia han mostrado su preocupación por la actuación del estado español en Cataluña, la legalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley mordaza) y el concepto de delito de enaltecimiento del terrorismo, así como la evidente falta de libertad de expresión, por lo que es de esperar que en el próximo año se reciban otro buen número de condenas.

En concreto, el relator especial de la ONU para la libertad de expresión instó a las autoridades españolas a no procesar a los líderes independentistas catalanes por el delito de rebelión ya que estas acusaciones «podrían entrañar el riesgo de disuadir discursos totalmente legítimos». Por ello, mostró su preocupación «sobre utilizar cargos por rebelión por actos que no implicaban violencia o incitación a ella, porque esto podría interferir con derechos a la protesta política y a la disidencia».

Además la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa señaló a España como un «ejemplo problemático de aplicación de la legislación antiterrorista». Y es que, argumentó, los términos ambigüos de los delitos de enaltecimiento y humillación a las víctimas «han resultado en restricciones desproporcionadas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión».