Al frente de la concejalía de Personal, Medio Rural y Playas, la línea política de Ardines destacó por la lucha por lo rural y pesquero en un concejo marcado por la masificación turística y la especulación urbanística. Su firme determinación de acabar con la contratación «a dedo» y las cadenas de favores también le había hecho ganar numerosos enemigos
Hasta donde sabemos, a Javier Ardines, el único edil de IU en el ayuntamiento de Llanes, lo atacaron dos o tres personas al rayar el alba, junto a casa, rumbo a la mar. Lo olpearon y lo estrangularon hasta su muerte. Su asesinato sigue sin aclarar y la repercusión mediática del hecho dista de ser la que corresponde al que podría ser un asesinato por motivos políticos que nos lleva de vuelta a tiempos más oscuros de la historia de Asturies. Los vecinos lo tienen claro «Si es político es gordo, y si es gordo, lo esconden. Si no lo fuera, a estas alturas ya se sabría».
El concejal, que había renunciado a su salario y dietas municipales «por coherencia» y vivía de la pesca, contaba con numerosos enemigos en el entorno político llanisco, destacable turbio y enpantanado. Desde que la unión de cuatro partidos (Vecinos por Llanes, IU, Foro Asturias y PP) acabara hace tras años con su extraña coalición con los 28 años de hegemonía Pesoista (siete mayorías absolutas entre 1987 y 2015), el ambiente municipal era cuando menos tenso.
La lista de sospechosos de desear la desaparición de Javier Ardines (perjudicados por alguna de sus acciones) es larga: familiares, conocidos, interinos del ayuntamiento, policías locales, políticos, empresarios de la construción y dueños de chiringuitos playeros… una larga lista en la que encontramos a muchos cercanos a la ex alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo (2004-2015), antes concejal de Urbanismo y ahora diputada autonómica por el PSOE. En los 11 años de su mandato Llanes cambió reiteradamente su empedrado y pavimento, para beneficio de la empresa Calizas Ornamentales, casualmente propiedad de los hermanos de la alcaldesa, con contratos por valor de más de 1,5 millones de euros.
El empresario indiano Juan Antonio Pérez Simón destaca también entre los perjudicados en el caso de que cambiara el provechoso sistema de hacer negocio en Llanes. Presente en varios negocios inmobilarios, Pérez Simón tenía empresas en común (Hormigones de Meré SL) con la familia de la alcaldesa Álvarez Campillo, siendo él quien había impulsado (vía licencia municipal exprés) la ampliación del hotel Kaype, en primera línea de la playa de Barros, -paralizada por la Justicia que ha ordenadosu derribu y por la que los dueños del hotel solicitan una indemnización de casi 18 millones de euros al actual Ayuntamiento de Llanes.
El dinero del turismo, la corrupción funcionarial, el intercambio de favores… todo ello contribuye a un ambiente poco adecuado para el desarrollo de la labor municipal: el sabotaje de decenas de trabajadores puestos a dedo por el PSOE paraliza las gestiones más allá de lo admisible, las bajas se multiplican sin lógica alguna, las gestiones se hacen mal con toda la intención, algunos de los técnicos se niegan directamente a hacer su trabajo… La idea es mantener todo paralizado hasta la vuelta el PSOE. En ese ambiente no es de extrañar que una persona decidida a denunciar hechos y cambiar circunstancias resulte incómoda.
Ardines ha sido el principal responsable de la formación del cuatripartito en una coalición de «todos contra el PSOE», consciente de que el partido funcionaba como una red clientelar de intereses, apoyada en buena medida por la parte más derechista de Llanes. Era él también quien lideraba la dura lucha interna para gobernar un ayuntamiento con todos los trabajadores en contra.
Muchos funcionarios ocupaban la plaza «provisionalmente», algunos desde hace más de veinte años, pendientes de unas oposiciones paralizadas. «Es una casualidad, claro, que gran parte de los trabajadores del ayuntamiento sean militantes del PSOE”, había dicho el concejal a la prensa meses antes de ser asesinado.
Si el PSOE eno gana las próximas elecciones, el chiringuito cierra y son muchos los que pierden su posición privilegiada. La convocatoria pública de empleo pondría en riesgo a mucho enchufadp y la cadena de favores podría romperse, dejando muchos perjudicados. Y Ardines era quien más movía las aguas.
Otra cuestión en el que el asesinado estorbaba era la aprobación de los antiguos planes de expansión urbanística de Llanes. El último PGOU, propuesto por los socialistas y rechazado por el actual gobierno, planteaba la construción de 13.000 viviendas, en un concejo con 14.000 habitantes en el que la especulación y la masificación turística veraniega parece justificar cualisquier desmadre. Como muestra del sinsentido del plan, la propuesta de crear más de ochocientas viviendas en pueblos sin siquiera alcantarillado ni saneamiento en los que habitan poco más de doscientos vecinos.
A nadie en Llanes extrañaría que este sea un caso de asesinato político, pero en el caso de que no lo fuera, por lo menos puede decirse que esta muerte no ha sido en balde: como mínimo ha sacado a la luz el sucio panorama que esconden las playas llaniscas. Algo deberá cambiar.
Llucía F. Marqués
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