El uso de cebos envenenados en el medio natural asturiano constituye una de las prácticas más lesivas para el ecosistema en general y para determinadas especies de fauna amenazada en particular. Además de suponer una amenaza directa para la salud, al afectar tanto a las personas como a los animales domésticos y salvajes

La Coordinadora Ecoloxista presenta observaciones al trámite de consultas de la Estrategia contra el uso del Veneno del Principado, una estrategia que es a su entender poco ambiciosa e insuficiente y que llega tarde, después de decenas de animales salvajes y domésticos envenenados. Esta misma semana aparecieron 2 buitres en Proaza echando sangre por el pico, que acabaron muriendo.

Este es un grave problema ambiental, que afecta al 57% de la superficie asturiana, fundamentalmente la parte Sur del país. Los picos de uso más altos se dan en los meses de marzo y abril, afectando cada año a decenas de especies, de manera especial a las aves y a animales domésticos. A día de hoy como concejos más afectados de acuerdo a los datos oficiales son Cangas del Narcea, Cabrales, Peñamellera Alta, Tinéu y Casu.

El envenenamiento es un delito tipificado en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pero la escasez de medios de investigación y vigilancia dificulta enormemente la identificación de los responsables.

Las medias propuestas en la estrategia, según interpretan los ecologistas, “se basan en una buena intención que se concreta poco más que en sobrecargar al personal de vigilancia y control, cuando lo que se necesita es más personal tanto técnico como guardas, así como de medios para perseguir este grave delito ambiental que hasta ahora poco se ha perseguido por el Principado.”

En su lugar proponen una monitorización continua de las zonas con más casos, el control de animales domésticos asilvestrados, persiguiendo el abandono de estos, la agilización real de los pagos de compensación de daños ocasionados por la fauna salvaje cuando estos procedan, la denuncia pública de los casos conocidos de uso de venenos y de las resoluciones judiciales condenatorias y la promoción de medidas cautelares y restauradoras soportadas sobre criterios técnicos, como la suspensión del aprovechamiento cinegético para facilitar las labores de búsqueda, investigación y determinación de responsabilidades y preservar la seguridad alimentaria, durante un tiempo de control y vigilancia o la restricción de acceso a personas por posible presencia de cebos envenenados, en áreas de uso público regulado o terrenos de naturaleza pública.

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