Los asturianos llevamos pagados casi dos millones de euros por hacer uso de la libertad de expresión desde la entrada en vigor de la polémica ley

El Gobierno español sigue defendiendo que con la Ley de Protección para la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, se persigue “aumentar la seguridad” pero de hecho está saliéndoles francamente rentable: 131 millones de euros en todo el estado, de los que dos corresponden a sanciones impuestas a asturianos/as por el ejercicio de su libertad de expresión.

Un comentario en las redes sociales, una pintada, una canción o una frase desafortunada son fácilmente catalogables como  “faltas de respeto a las Fuerzas de Seguridad; desobediencia o resistencia a la autoridad” y es difícil protagonizar una protesta ciudadana sin “causar desórdenes u obstaculizar la vía pública”, delitos estos multados con sanciones de entre cien y seiscientos euros, con una media de 33 multas por cada 10.000 habitantes.

El conjunto de la sociedad asturiana, partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales,  se ha volcado en el rechazo a una legislación que ven como un intento de controlar a la población a través del miedo, coartando su derecho a la protesta, pero no hay visos de que pueda ser derogada o al menos aplicada con menor rigor, de hecho los datos evidencian que el ritmo de multas se ha intensificado en las últimas fechas, disparándose en los últimos meses del 2.016 y estando aún pendientes de resolución numerosos juicios por esta cuestión.

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