Ayer ha entrado en vigor la resolución que les deja sin vacaciones, con la que el “Principado” pretende conseguir la necesaria mejora de los centros geriátricos sin aumentar contrataciones y a costa de los trabajadores

El envejecimiento la población asturiana junto con la emigración de la juventud, que deja a los mayores sin familiares cercanos que les cuiden, lleva décadas haciendo crecer la demanda de unos servicios públicos que -como acaba de demostrarse- hace tiempo que precisan de refuerzos, inversiones y contrataciones. La pandemia ha puesto además encima la mesa la necesidad de una mayor presencia de profesionales en los centros.

La solución propuesta por el gobierno, lejos de consistir en incrementar las plantillas y mejorar su situación laboral -las condiciones son muy inferiores a las de los trabajadores del SESPA- pasa por una serie de medidas que cargan todo el peso de la mayor presión asistencial a lomos de unos profesionales ya afectados por las duras condiciones que impuso esta crisis.

En total son cerca de 1.300 los empleados afectados por la resolución tomada por la gerencia de Establecimientos Residenciales para ancianos de Asturias (ERA), que a partir de hoy regulará las jornadas, vacaciones, permisos, licencias y excedencias de plantilla de las residencias “en función de las necesidades del servicio para garantizar cobertura presencial durante la pandemia”.

Las nuevas instrucciones van, según los sindicatos, en contra del convenio colectivo y la normativa vigente, por lo que están preparando medidas contundentes para reclamar sus derechos, desde la toma de medidas legales a una huelga que pondría de manifiesto la importancia de estos profesionales en la gestión de el actual crisis sanitaria y en el cuidado de uno de los sectores más vulnerables de la población.

Llucía F. Marqués

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