Los asturianos encausados por cohecho, prevaricación y malversación  durante el 2016, unos 59, suponen el 9% del conjunto estatal

La corrupción, convertida ya en un mal estructural del actual Estado español, está una vez más comprobado que tiene especial implantación entre la clase política asturiana, profundamente sucursalista y desapegada respecto a su tierra y sus gentes.

Nuestro país solamente es superado por Baleares, con 97 incursos en este tipo de procesos, Canarias y Andalucía, ambas con 61.

Según los datos del repositorio sobre delitos de corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el 2016 se dictaron unas seis sentencias. Tres de ellas fueron condenatorias (una de conformidad) y una cuarta parcialmente condenatoria, las cuatro dictadas por la Audiencia Provincial de Asturies. Entre estas condenas se cuenta la del exalcalde de Cudillero, Francisco González.

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