Dentro de 4 años, y sin devolver lo que ha cobrado fraudulentamente, UGT podrá volver a solicitar subvenciones públicas

La justicia acaba de condenar al sindicato UGT y a varios de sus ex responsables en Asturies por un «sistemático desvío de fondos públicos» vinculado al fraude con las subvenciones públicas para los cursos de formación de 2011 y 2012. La sentencia condena a la delegación asturiana de la UGT a pagar 122.000 euros. La UCO de la Guardia Civil ha estimado en más de 1’35 millones de euros el fraude cometido entre los años 2010 y 2014, aunque según la Intervención General de la Administración del Estado la cifra final puede ser mucho mayor.

Aparte de lo robado entre el 2011 y 2012, se reconoce un fraude mayor en los años anteriores, que no compulsa por estar prescrito el delito cuando por fin se ha llevado a juicio, a pesar de que los hechos eran conocidos desde el 2015, cuando se detuvo al Secretario General del sindicato, Justo Rodríguez Braga, junto a otros 5 representantes del mismo, ordenándose el registro del hogar sindical.

Mientras estos años, el sindicato subcontrataba para dar cursos a otras empresas, algunas vinculadas al propio sindicato, incluyendo en las facturas sobrecostes por conceptos inexistentes que revertían a la UGT Asturies. Puesto que parte de estos fondos provenían de ayudas europeas para la formación para el empleo, de las que se apropiaron ilegalmente, Andecha Astur ha llevado en el 2019 la denuncia de estos hechos ante el Organismo contra la Fraude de la Unión Europea, la OLAF, siendo admitida la misma en enero del 2021.

Ademá de la ridícula multa al sindicato, el juzgado condena al exsecretario general de la UGT asturiana hasta 2016, Justo Rodríguez Braga, a dos años y diez meses de cárcel y una multa de 586.000 euros y al resto de acusados, Mónica Menéndez Vázquez, exsecretaria de Administración de UGT Asturies y administradora de Infastur, María Jesús Ocaña, administradora única de Localmur y Formación 2020, Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación de UGT , Alberto González Castaño, técnico responsable de la justificación de las subvenciones en UGT y Silvia Sariego Herrero, encargada de lo mismo en IFES, con penas que van de los 18 meses a los 3 años y 8 meses.

Podría decirse que a la UGT le ha salido bien la jugada, el saldo general son más de 1.227.072 € de beneficios para el sindicato y 641.972 € de pérdida para todos los asturianos. Además, en solo 4 años pueden empezar a ganar dinero con las subvenciones otra vuelta.

Nuria Prendes

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